martes, junio 27, 2006

Ministerio de Seguridad Pública:

Este proyecto no reduce la delincuencia en Chile

Marcelo Trivelli

Por fin se envió el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública lo que permite llevar al primer plano de la discusión política el tema del aumento de la violencia social y la criminalidad en nuestra sociedad.

El mensaje está lleno de buenas intenciones, pero esta nueva institucionalidad y los recursos asignados, son insuficientes para dar respuesta a la demanda ciudadana, cual es, disminuir la delincuencia en Chile. Desde la perspectiva ciudadana es un mal proyecto de ley.

Primero: se consagra la doble dependencia y se trata de justificar por la vía de la dependencia de las policías de los intendentes y gobernadores: “En este esquema las Policías, en lo operativo, se coordinarán con una sola autoridad – Intendentes y Gobernadores - cuya competencia se extiende tanto al orden público como a la seguridad pública.” En el mejor de los casos, estamos trasladando la doble dependencia de las policías a los intendentes y gobernadores

Viví este problema muchas veces como Intendente de Santiago cuando, desde La Moneda, priorizaban el orden público y por lo tanto la superioridad de Carabineros, reasignaba personal de la Primera Comisaría que estaba en la calle combatiendo la delincuencia como parte del programa Seguridad Capital.

Más aún, el mensaje señala que hay que separar orden de seguridad pública porque: “la mayoría de las actividades que atentan contra el orden público no constituyen delitos y no es conveniente enfrentarlas como si lo fueran”. Este razonamiento nos llevará a no contar con herramientas operativas y legales para castigar a los delincuentes que actúan durante y al término de las manifestaciones públicas.

Segundo: El artículo quinto de las disposiciones transitorias dice: “El mayor gasto que se pueda derivar de las nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique, considerado su efecto año completo, no podrá exceder de la cantidad de $546.000 miles.” Después de descontado los sueldos del nuevo Ministro, de los dos subsecretarios y de los trece secretarios regionales ministeriales, el presupuesto nuevo para combatir la delincuencia es menos de $1 millón por región cada mes. ¡Sin más comentarios!

Tercero: En al ámbito regional –intendencias- y provincial –gobernaciones- no existe capacidad técnica ni profesional para abordar temas nuevos. Sucesivos instructivos y reglamentos hacían, que como Intendente de Santiago, tuviera que presidir mas de 30 comisiones o comités a nivel regional sin ningún apoyo técnico que asumiera las correspondientes secretarías ejecutivas de esos grupos de trabajo. El combate a la delincuencia, con el actual proyecto de ley se convertirá en una mas de esas responsabilidades asignadas sin contraparte de capacidades técnicas.

Lamentablemente se optó, como lo señala el mensaje por un ministerio normativo sin ninguna capacidad operativa más allá de las policías. Bajo este concepto se evita un pronunciamiento respecto de otros servicios o unidades que funcionan en el aparato del Estado tales como el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal, la Unidad de Análisis Financiero (investigación de lavado de dinero) radicada en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Inteligencia. Y para salvar la cara, se crea un Consejo de Seguridad Publica que asesorará al Ministro, de acuerdo al Artículo 16, en “la elaboración de la política nacional de seguridad pública y velará por su correcta, oportuna y eficaz aplicación al interior de los distintos organismos de la Administración del Estado”.

Si bien en el capítulo de Legislación Comparada del mensaje señala que la labor de coordinación con las demás instituciones relacionadas con la Seguridad Pública es clave para el éxito de la nueva institucionalidad, el proyecto de ley no entrega ni la autoridad ni las herramientas de gestión necesarias para cumplir su cometido. Quienes hemos abordado seriamente el combate contra la delincuencia, sabemos que el éxito en esta lucha depende en primer lugar, de la calidad de la gestión, en segundo, del compromiso y coordinación de las diferentes instituciones bajo un mando efectivo y no solo decorativo y, recién, en tercer lugar, de los recursos involucrados.

El proyecto de ley enviado al Congreso, cumple el compromiso de haber sido enviado dentro de los primeros cien días de gobierno. Bien por ello. Ahora le corresponde a los parlamentarios responder a la ciudadanía y hacer de este proyecto uno que realmente permita hacer gestión para reducir la criminalidad en Chile.

10 comentarios:

patriciomerybell dijo...

felicitaciones, me gusto mucho la primera vez que la leí ahora con más detención creo que es bueno que estemos produciendo propuestas y conocimiento político, encarando y teniendo claro que la innovación y la apertura social son nuestros objetivos

un abrazo
Patricio J. Mery Bell
Periodista
E. Postítulo en Gerencia Pública
Comité Central Nacional
Partido Socialista de Chile
Cel: 09-8857819 / 08-2281155
Msn: patomer@hotmail.com
merybell2006@gmail.com,
merybell2008@yahoo.es
www.patriciomerybell.blogspot.com

Marco Venegas dijo...

Además de compartir la visión sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, se puede apreciar que nuevamente se deja fuera de este tipo de iniciativas el tema de la reinserción social; seguimos pensando en que si encarcelamos a todos los que cometen un delito solucionaremos el problema de la delincuencia y la experiencia internacional nos señala que ese NUNCA ha sido el camino correcto. Ningún sistema que se base sólo en la persecusión y castigo de los infractores logra disminuir las tasas de delitos, por el contrario, se produce un círculo visioso, ya que la persona que es encarcelada, siempre vuelve a delinquir, ya que no tiene ninguna posibilidad de rehabilitación. Esto no significa que debemos dejar de perseguir los delitos, sino que por el contrario, debemos invertir en la prevención y rehabilitación... a la larga siempre es mejor invertir en recuperar a una persona que pensar sólo en castigarla.

tomas dijo...

Me parece importante que personas con experiencia en la ejecución de políticas públicas en materias de estado sigan participando como actores sociales una vez que han dejado de ejercer cargos en el gobierno. Quizás de esta forma evitemos repetir errores sucedidos en el pasado.
En el particular respecto del tema de seguridad, creo que muchas veces se piensa desde los gobiernos que los problemas del país están aislados unos de otros. Pienso que un país es igual que un cuerpo, es un sistema integrado en el que si falla un componente se desestabiliza el total, no sacamos nada con enfrentar el problema con la idea de causa y efecto, es evidente que un sistema focalizado en el aumento de personal de policía va a conducir a tener más detenidos, pero también corremos el peligro de transformarnos en una sociedad llena de trabas y restricciones a la libertad individual y colectiva. Quizás estamos cayendo en la estrategia de crear miedo en la población para incrementar el poder de los órganos de represión. Eso es una estrategia muy antigua. Podemos tener más gente presa, pero eso no va a detener la delincuencia en un país con tanta desigualdad de oportunidades, a la larga todo va a seguir el curso que lleva actualmente. El Ministerio de Seguridad parece tener más el enfoque de un doctor que receta antibióticos para combatir una situación de emergencia, que una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en el largo plazo. Si se quiere hacer algo que perdure, debe centrar parte de sus esfuerzos en la represión de la delincuencia, pero en la prevención de la misma no obtendremos nada si es que no trabaja en conjunto con otros ministerios para dar una mirada que genere un cambio de comportamiento de toda la comunidad en el futuro.

Presidente JDC VIII dijo...

Querido Marcelo:
Sobre todas las cosas, felicito tu valentia, haces tuyo nuestro lema de "Hablar cuando la moda es callar"...y por supuesto, muchos aun queriendo comentar tu articulo no lo haran...pues o son "candidatos al nuevo ministerio" o esperan aun algun recuerdo de Michelle. Con todo, centrarme en lo lamentable que es burocratizar todo, imaginate tu todo el aparataje qe ahora tendremos so pretexto de la seguridad ciudadana, cuando con capacidad, buena voluntad y recursos (y todo lo que implica cada uno de esos conceptos) se podria dar un excelente paso...¿por que siempre tendremos que rectificar...cuando sera el dia que nuestra politica procure prevenir?... esta forma, este "nuevo estilo" francamente no me esta gsutando...demasiadas comisiones, demasiado aparataje...uff!...disculpa pero irrita ver el despilfarro de recursos sin cabezas que lo administren...Fuerza, Fe y Valor...los nuevos tiempos...aun no llegan...que el Bicentenario no nos encuentre en pañales!
Te abraza fuerte, tu amigo y camarada: Sebastián Morales.

Ariel 770 dijo...

mmmmmm sabes, yo he analizado desde antes el tema y creo que muchas personas de clase media concuerdan conmigo. No quiero parecer comunista ni anti-bachelet ni concertación. Pero creo que la justicia y sus fallos son muy malos, me refiero en la calidad...porque las condenas debieran ser más duras y sin beneficio de libertad o con pago de fianza, así todos los delincuentes andan libres por las calles y hacen desmanes. Hay violadores, asaltantes, "lanzas", traficantes...en fin, muchas cosas más que prefiero ni recordar, y que andan libre por las calles haciendo de las suyas. Creo que si las condenas fueran más implacables o duras, no habría tanta delincuencia porque además que los delincuentes estarían fuera de la sociedad, las personas lo pensarían 2 veces antes de cometer un delito, o por lo menos eso haría una persona inteligente. Muchas gracias por mandarme el mail, muchos saludos !!!

Ariel Cruz Pizarro
Estudiante de 8º en el Instituto Nacional.

Álvaro Neira dijo...

Veo que hiciste un análisis del proyecto de ley, y que se considera en ella el establecimiento de un consejo asesor, pero más allá de eso, existe en el texto del ejecutivo alguna inclusión más expresa o preponderancia real de la ciudadanía en la materia, o solo queda sujeta a las autoridades regionales y a la “relativa” capacidad de gestión que le da la ley?.

Justamente cuando eras Intendente de Santiago se llevo a cabo una buena iniciativa consistente en el empoderamiento de los espacios públicos. En ese tiempo yo presidía la junta de vecinos de mi población, ejecutando un proyecto potente y con resultados excelentes, pero nos cortaron las platas, es decir, se decidió invertir en otras áreas alusivas a la seguridad ciudadana.

andrea dijo...

Dando una rápida leída, el proyecto de ley, y más que su cuerpo, el mensaje presidencial, me parece un conjunto de buenas intenciones que repiten lo que hasta la fecha hemos escuchado en materia de seguridad. Creo que se hace hincapié nuevamente en la represión y en el castigo, más que en atacar los temas de fondo, sobre todo derivados de la desigualdad social. En este sentido, debieran impulsarse proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de los lugares más desposeídos, por ejemplo, a través de políticas que incidan en factores situacionales, tales como, iluminación de calles, eliminar sitios eriazos, crear más áreas verdes e instancias recreativas, rediseño de calles, rediseño de las viviendas sociales, a fin que los vecinos se empoderen de los espacios públicos, se conozcan, conversen y compartan sus inquietudes cuando se vean enfrentados a un problema y no se encierren en sus casas dejando a los antisociales que se adueñen de las calles. Hoy existen mecanismos que nos permitirían poder financiar y abordar algunos de estos tópicos, como los fondos concursables del Programa Comuna Segura, para ello sería necesario poder contar con profesionales con un perfil técnico adecuado, es decir, que los Secretarios Técnicos Comunales de este Programa cuenten, por una parte, con la capacidad técnica ad-hoc y un conocimiento a fondo de la comuna en que están interviniendo, a fin de poder evaluar en conciencia los distintos proyectos que se presentan a estos fondos, y no cedan, por otra parte, a “distintas presiones” para la asignación de estos recursos, ya que por ello muchas veces terminan sólo financiando batucadas a los mismos “clientes” de siempre, lo que en nada ayuda a mejorar las condiciones de seguridad de sus barrios.
Por su parte, seguimos creando e instaurando nuevas entidades, como si ello fuera la panacea para el tema de la delincuencia. Sabemos que podemos aprovechar y mejorar la institucionalidad existente, dejando atrás los celos y egoísmos propios de quien no quiere perder su pedacito de poder; es clave, por tanto, la coordinación de todos los actores para poder enfrentar el problema, compartir la información que cada uno de los órganos posee al respecto, a fin de poder focalizar y atacar el problema. Al respecto, la creación del Consejo de Seguridad Pública, persigue ser una instancia de coordinación al más alto nivel, pero quizás lo más importante es que dicha coordinación también se de a nivel regional, provincial y comunal, puesto que un elemento clave para combatir el delito es su focalización de acuerdo a la realidad territorial.
A su vez, el mensaje presidencial habla del temor de las personas de ser víctimas de un delito, pero no hay propuesta alguna al respecto. Hoy, no existe una atención integral para quienes han sido víctimas de un delito, nadie las escucha, ni las acoge o representa, lo que genera un proceso de revictimización y que puedan ser objeto de un nuevo delito más adelante; el Ministerio Público, si bien cuenta con una Unidad de Víctimas y Testigos, esta instancia no cumple el rol anterior, sino que sólo “usa y prepara” a la víctima para que preste una buena declaración en el juicio, constituyéndola en una especie de buen medio de prueba para configurar el delito.
Por otro lado, la reinserción social o rehabilitación parece ser un aspecto menor, no vemos propuestas claras, al contrario, justo cuando aparece el informe de la Fiscal Maldonado de la Corte Suprema sobre las condiciones de hacinamiento en las cárceles y como éstas no son aptas para la resocialización, la respuesta que escuchamos es que se están licitando y diseñando nuevos recintos penitenciarios, ¡por favor!, basta de pensar que creando leyes más duras, construyendo más cárceles y llenándolas de “delincuentes” vamos a acabar con la delincuencia; es clave estudiar mecanismos alternativos, sobre todo para quienes se inician en la carrera delictiva, en este sentido, contamos con herramientas legales, tales como, los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del procedimiento en el nuevo proceso penal, lo que falta es su operatividad práctica, ¡sacarle lustre!.
Bueno, hay tanto que podría decir!!
En definitiva, sabemos que el fenómeno de la delincuencia es complejo, que hay que abordarlo desde sus tres patitas - prevención, control y reinserción -, pero este proyecto, como tantas otras propuestas, se queda cojo, dando saltitos sólo sobre el pie del control.

Eduardo Zúñiga dijo...

Estimado Marcelo:

Estuve leyendo la misiva que ha enviado y concuerdo plenamente con usted sobre que el proyecto de ley tal cual se envió al congreso es insuficiente para reducir la delincuencia en el país.

En este sentido, me parece oportuno efectuar algunos comentarios a sus planteamientos e incorporar otros aspectos al debate y reflexión.

la carreta delante de los bueyes

A mi juicio el proyecto de ley fue remitido en forma prematura por parte del Gobierno. Mas bien fue un “pie forzado” de la candidatura de Michelle Bachelet, la cual intento acoger el planteamiento de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado y responder a la demanda ciudadana de enfrentar el tema del delito y la droga, sin haber discutido previamente y con la debida profundidad el diseño de una política pública en materia de seguridad ciudadana y drogas, que incluyera los avances a la fecha.

En síntesis, nuevamente se ha puesto “la carreta delante de los bueyes”, ya que se esta proponiendo una institucionalidad, sin haber reflexionado y consensuado lo suficiente sobre la labor y el desafío que se pretende asumir, las metas y objetivos que se pretende alcanzar, los plazos y el costo que todo esto implica.

las cartas de navegación

Al respecto, no debemos olvidar que el tema de seguridad ciudadana y drogas, surge fuertemente en los años 90, producto del aumento del consumo y tráfico de drogas, y el incremento en los delitos.

Para enfrentar el problema, las autoridades del Ministerio del Interior de la época crean dos programas:
- El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), en el año 1990, con el objeto de asesorar en todas las materias relacionadas con la prevención y control de drogas, y el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción.
- La División de Seguridad Ciudadana, en el año 2000, cuyo objetivo es la generación de una eficiente gestión en el área de seguridad ciudadana, a través de una nueva visión estratégica, donde se entiende que para lograr una mejor seguridad es necesaria la participación ciudadana.

A la fecha ambos programas han desarrollado una enorme variedad de acciones e iniciativas, contando con instrumentos de política pública o “cartas de navegación”, donde se detallan diagnósticos, objetivos y metas en el tema, tal es el caso de la Estrategia Nacional sobre Drogas, con un horizonte estratégico hasta el año 2008, y la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborada en octubre del año 2004, después de un amplio debate donde participaron expertos de seguridad ciudadana, representantes de instituciones públicas y privadas, ONGs, partidos políticos, etc.

Si bien ambos documentos adolecen de mecanismos de evaluación adecuados que permitan ir midiendo su cumplimiento en el tiempo, al parecer no fueron considerados en el diseño de la nueve institucionalidad, dado que las funciones propuestas para el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, son bastante escuálidas y limitadas, no teniendo mucha relación con los objetivos estratégicos y generales propuestos.

Por ejemplo, basta con analizar el artículo Nº 20 del proyecto de ley, donde se detallan las funciones del Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, nos encontramos que estas son meramente de coordinación y apoyo, no dando cuenta de la ejecución de programas preventivos y de tratamiento y rehabilitación que CONACE desarrolla.

de la doble a la triple dependencia

Estoy de acuerdo con usted respecto a que el proyecto de ley no resuelve la doble dependencia, es más creo que en la práctica se consagra una especie de triple dependencia de las policías.

Las policías dependen actualmente del Ministerio de Defensa en lo administrativo e Interior en lo operativo, a lo que habría que agregar que después de la reforma procesal penal, en materia de investigación delictual dependen del Ministerio Público, por lo tanto, si cambiamos la dependencia de Defensa a Seguridad Pública, tenemos una triple dependencia en el nivel nacional.

Organismo Competencia
- Ministerio Interior Orden Público
- Ministerio de Seguridad Pública Seguridad Pública
- Ministerio Público y Fiscales Investigación de los Delitos

la rehabilitación y reinserción de las personas

Uno de los pilares fundamentales de toda política de seguridad ciudadana, es la rehabilitación y reinserción de las personas que han cometido delitos, como también la rehabilitación de personas afectadas por la drogadicción, en tanto se ha establecido una relación significativa entre delito y drogas.

En este aspecto, el proyecto de ley resulta débil debido a que no se pronuncia ni fundamenta en la materia, por lo cual no queda claro el rol de la nueva institucionalidad en materia de rehabilitación y reinserción social de las personas y la articulación con organismos como Gendarmería y Servicio Nacional de Menores.

la falta de integralidad y coordinación de las acciones en el ámbito nacional y en el territorio

El proyecto de ley no asume uno de los principales déficit en materia de seguridad ciudadana, que es la falta de integralidad y coordinación en las acciones que impulsa el Estado. Cabe señalar, que existen áreas donde no hay responsabilidades asignadas, y otras en que se generan duplicidades.

Por ejemplo, no hay pronunciamiento sobre la forma de articulación e integración de los actuales programas que ejecuta el Ministerio del Interior en las regiones y comunas del país, tales como PREVIENE, presente en 97 comunas; Comuna Segura - Compromiso 100, ejecutándose en 70 comunas; 13 Planes Regionales Antidelincuencia; Barrio más Seguro de Gobernaciones Provinciales, y Barrio Seguro, aplicándose en menos de una decena.

En el sector público existen innumerables casos de organismos a los cuales se le asigna por ley una cierta responsabilidad, pero no se le entregan las herramientas y atribuciones necesarias para hacer cumplir sus decisiones. Al parecer esta nueva institucionalidad nacería con el mismo problema.

Finalmente, sabemos que las labores de inteligencia son esenciales para desbaratar el accionar de las organizaciones criminales, especialmente las referidas al tráfico de drogas en la frontera, por lo cual resulta paradojal que la Agencia Nacional de Inteligencia, organismo encargado de recopilar y proveer de información para la toma de decisiones en materia de seguridad, y la Unidad de Pasos Fronterizos, oficina a cargo de la administración de los pasos, se mantengan en el Ministerio del Interior, quedando absolutamente desvinculadas con el Ministerio de Seguridad Pública.

Espero por el bien del país que “el remedio no sea peor que la enfermedad” y que nuestros parlamentarios sabiamente acojan estos planteamientos, a fin de mejorar y enriquecer el proyecto de ley remitido.

Fraternalmente,

Eduardo Zúñiga Carrillo

Pablo Mejia dijo...

Me pareció interesante lo que escribiste. No soy un experto en temas de seguridad, pero si puedo ver que mientras no se cuenten con mecanismos eficaces de prevención de la delincuencia, enfocados a la educación, reinserción laboral en el caso de los desempleados, de prevención y rehabilitación de la drogadicción, con programas de reinserción adecuados para los delincuentes primerizos, es poco lo que se puede hacer por medio de una legislación. Mientras no tengamos programas eficaces en esos ámbitos, la delincuencia va a seguir siendo un problema.

Traspasar responsabilidades de una autoridad a otra, no dar recursos suficientes, y no exigir a las policías un aumento en su eficacia sin tener que usar para ello métodos de fuerza y coercitivo, me parece un mal camino.

Saludos!

marcosgarau dijo...

Marcelo, que bien que estas de regreso, faltan mas dentro del partido como tu, que espero de ti en el futuro.
tu comentario sobre el Ministerio me dejo plop, estudiare mas el asunto para en otra oportunidad ampliar mi comentario.
te felicito.