Ministerio de Seguridad Pública:

Este proyecto no reduce la delincuencia en Chile

Marcelo Trivelli

Por fin se envió el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública lo que permite llevar al primer plano de la discusión política el tema del aumento de la violencia social y la criminalidad en nuestra sociedad.

El mensaje está lleno de buenas intenciones, pero esta nueva institucionalidad y los recursos asignados, son insuficientes para dar respuesta a la demanda ciudadana, cual es, disminuir la delincuencia en Chile. Desde la perspectiva ciudadana es un mal proyecto de ley.

Primero: se consagra la doble dependencia y se trata de justificar por la vía de la dependencia de las policías de los intendentes y gobernadores: “En este esquema las Policías, en lo operativo, se coordinarán con una sola autoridad – Intendentes y Gobernadores - cuya competencia se extiende tanto al orden público como a la seguridad pública.” En el mejor de los casos, estamos trasladando la doble dependencia de las policías a los intendentes y gobernadores

Viví este problema muchas veces como Intendente de Santiago cuando, desde La Moneda, priorizaban el orden público y por lo tanto la superioridad de Carabineros, reasignaba personal de la Primera Comisaría que estaba en la calle combatiendo la delincuencia como parte del programa Seguridad Capital.

Más aún, el mensaje señala que hay que separar orden de seguridad pública porque: “la mayoría de las actividades que atentan contra el orden público no constituyen delitos y no es conveniente enfrentarlas como si lo fueran”. Este razonamiento nos llevará a no contar con herramientas operativas y legales para castigar a los delincuentes que actúan durante y al término de las manifestaciones públicas.

Segundo: El artículo quinto de las disposiciones transitorias dice: “El mayor gasto que se pueda derivar de las nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique, considerado su efecto año completo, no podrá exceder de la cantidad de $546.000 miles.” Después de descontado los sueldos del nuevo Ministro, de los dos subsecretarios y de los trece secretarios regionales ministeriales, el presupuesto nuevo para combatir la delincuencia es menos de $1 millón por región cada mes. ¡Sin más comentarios!

Tercero: En al ámbito regional –intendencias- y provincial –gobernaciones- no existe capacidad técnica ni profesional para abordar temas nuevos. Sucesivos instructivos y reglamentos hacían, que como Intendente de Santiago, tuviera que presidir mas de 30 comisiones o comités a nivel regional sin ningún apoyo técnico que asumiera las correspondientes secretarías ejecutivas de esos grupos de trabajo. El combate a la delincuencia, con el actual proyecto de ley se convertirá en una mas de esas responsabilidades asignadas sin contraparte de capacidades técnicas.

Lamentablemente se optó, como lo señala el mensaje por un ministerio normativo sin ninguna capacidad operativa más allá de las policías. Bajo este concepto se evita un pronunciamiento respecto de otros servicios o unidades que funcionan en el aparato del Estado tales como el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal, la Unidad de Análisis Financiero (investigación de lavado de dinero) radicada en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Inteligencia. Y para salvar la cara, se crea un Consejo de Seguridad Publica que asesorará al Ministro, de acuerdo al Artículo 16, en “la elaboración de la política nacional de seguridad pública y velará por su correcta, oportuna y eficaz aplicación al interior de los distintos organismos de la Administración del Estado”.

Si bien en el capítulo de Legislación Comparada del mensaje señala que la labor de coordinación con las demás instituciones relacionadas con la Seguridad Pública es clave para el éxito de la nueva institucionalidad, el proyecto de ley no entrega ni la autoridad ni las herramientas de gestión necesarias para cumplir su cometido. Quienes hemos abordado seriamente el combate contra la delincuencia, sabemos que el éxito en esta lucha depende en primer lugar, de la calidad de la gestión, en segundo, del compromiso y coordinación de las diferentes instituciones bajo un mando efectivo y no solo decorativo y, recién, en tercer lugar, de los recursos involucrados.

El proyecto de ley enviado al Congreso, cumple el compromiso de haber sido enviado dentro de los primeros cien días de gobierno. Bien por ello. Ahora le corresponde a los parlamentarios responder a la ciudadanía y hacer de este proyecto uno que realmente permita hacer gestión para reducir la criminalidad en Chile.